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Publicado el 23-07-2008 , por D. Gracia/E. S. Mazo
El Gobierno se queda prácticamente solo en su propuesta del modelo autonómico. A cambio del fiasco, el vicepresidente intenta convencer a las comunidades con el permiso ‘oficial’ para cerrar 2008 y 2009 en déficit.
Se veía venir. Y las peores previsiones se cumplieron. La reunión de ayer entre el Gobierno y las comunidades en la que se debía consensuar las bases de partida del nuevo modelo de financiación se quedó en agua de borrajas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera acabó como empezó, sin un acuerdo y con una propuesta del Gobierno intacta sobre la mesa.
Todo queda abierto y a la espera, por tanto, de una nueva reunión a la vuelta del verano, lo que no hace más que demorar el nuevo diseño del esquema financiero de las comunidades en un contexto de agravamiento de la crisis y en el que apremian los plazos del Estatut. El Ejecutivo se comprometió con Cataluña a darle su nuevo modelo antes del 9 de agosto. Y a cerrar en “tiempo y forma” este otoño un acuerdo que cumpla las peticiones de todas las autonomías. Ni el tiempo ni las formas juegan a favor del Ejecutivo, que difícilmente cumplirá sus promesas.
Solbes llegó con sus ideas claras: el modelo que quiere parte de los principios que lanzó la semana pasada y no está dispuesto a dar su brazo a torcer ni aunque todas las autonomías (incluso las socialistas), se lancen en su contra. El motivo: hay crisis, y por tanto, escasean los fondos. La suficiencia autonómica, esto es, el dinero extra a repartir, estará condicionada a la “disponibilidad presupuestaria”. Poca, si este mismo año incurre el Estado en déficit.
Solbes se va de vacaciones sin un acuerdo de mínimos. A cambio, y asumiendo que la economía, según el consenso de expertos y organismos internacionales, crecerá menos de un 2% este año, el vicepresidente probó a dar un caramelo a las autonomías. Una vez que el Estado ha incurrido ya en déficit y ante la evidencia de los hechos, Solbes ha dado vía libre a las comunidades para entrar en déficit en 2008 y 2009.
Se trata tan sólo del permiso oficial, pues la ley de Estabilidad Presupuestaria facilita cerrar las cuentas en saldo negativo si el PIB avanza por debajo del 2%, algo que da ya por hecho el consenso de analistas, a pesar de que por ahora, el Ejecutivo mantenía una expectativa de crecimiento mayor. De ahí que la oferta de Solbes sepa a poco. En medio de la crisis, las comunidades quieren hablar de dinero, no de números rojos. Y por eso las reacciones no se hicieron esperar.
El juego de alianzas
Tras el fracaso de la reunión, ahora comienza el encaje de bolillos. Y las red de alianzas entre comunidades. Las socialistas van por libre y la posición de Cataluña dista bastante de la de Asturias, Galicia, Extremadura o Castilla-La Mancha. El próximo 1 de agosto se reunirán en Oviedo responsables de Hacienda de siete comunidades, incluidas algunas populares como Castilla y León, para poner en común propuestas e intereses.
El encuentro, enmarcado dentro de los cursos de verano de la Universidad, es totalmente informal. Aunque sus conclusiones supondrán toda una toma de posiciones de estas comunidades ante los postulados de otras, principalmente, de Cataluña, Madrid, Valencia, Murcia o Baleares, partidarias de aumentar el peso de la población en el reparto de fondos.
En el Partido Popular tampoco hay una posición consensuada. Todas se oponen a las bases del Solbes, pero sin un decálogo común alternativo al Gobierno. Los consejeros populares, tras mantener un almuerzo ayer en Madrid, exigieron por la tarde a Solbes que deje de lado “regalitos partidistas” como el cheque de los 400 euros, para hablar de dinero con las comunidades en el seno del CPFF, ya que son las regiones las que soportan la mayor parte del gasto público.
La comisión mixta de la Generalitat y el Ministerio de Hacienda se reunirá el lunes. El conseller de Hacienda, Antoni Castells, “decepcionado” con Solbes, ve “muy difícil” llegar a tiempo. E insiste en que “no quiere imponer el Estatut a nadie”, sino “cumplir una ley que implica a todos”. Mientras que CiU, partido con el que Solbes tendrá que negociar en el Congreso los Presupuestos General del Estado, no está dispuesta a ceder ni medio punto del articulado del Estatut.
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